En 24 horas el proceso electoral llega a su fin, para la tarde del jueves conoceremos qué y por qué impugnó la izquierda partidista la elección para Presidente de México.
A estas alturas Andrés Manuel López Obrador ha moderado su discurso y se nota confiado en que cuenta con los elementos suficientes para cumplir su objetivo, el cual es restar legitimidad al gobierno de Enrique Peña Nieto. Se anule o no la elección por una violación a los derechos constitucionales, Peña Nieto ha recibido su primer descalabro, pues no logró impedir que el rumor de la compra de votos creciera, ni quienes están cerca de él mostrar las pruebas suficientes que demuestren que la izquierda miente.
El juego de la derecha partidista es el mismo en este fin del proceso electoral que tendrá tiempos extras, por supuesto el árbitro cambió, ya no es el Instituto Federal Electoral, sino el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). El Partido Acción Nacional es un jugador moderado que no está dispuesto a perder legitimidad en el proceso, pero sí a quitar todo lo que se pueda.
Mientras la izquierda partidista en su fatalismo histórico se plantea un juego de suma cero, ganar todo o perder todo en una impugnación que depende en mucho de la interpretación y las pruebas recopiladas; el Partido Acción Nacional ha optado por reconocer que la compra de votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es válida, pero que lo complejo de la operación de la elección le impide tener las pruebas suficientes para probar legalmente dicha compra. En otras palabras, el PAN demostrará lo que tiene seguro y aceptará que hay cosas que buscan ganar la batalla en la opinión pública, pero no en los tribunales.
López Obrador puede vivir un escenario similar a 2006, donde sus pruebas terminen siendo vapuleadas si su defensa es igual de frágil que en las elecciones pasadas donde llegó a hablar de algoritmos en el programa de resultados preeliminares. Si la apuesta de la izquierda partidista es esa, estamos ante otra muestra de ignorancia que conduce al ridículo.
Por supuesto, no se deben dejar de señalar que la campaña electoral tuvo compra de votos, muchos pueden argumentar que su vecino contó que vendió su voto, otros que les ofrecieron dinero, los menos dirán que ellos los compraban. No tendríamos por qué no creerles, pero sí tener en claro que el aparato legal tiene procesos que necesitan más pruebas que la pura palabra. Nuestras leyes siempre desconfían de nuestros dichos, porque los mexicanos comúnmente no honramos la palabra.
Así que esta última etapa del proceso electoral no se trata de que gane uno y otro partido, sino que el sistema de leyes electorales funcione y que los políticos hayan -por fin- aprendido a demostrar las irregularidades y delitos electorales que comete el otro.
Preocupante sería ver a López Obrador y Peña Nieto decir que todo es falso solo porque ellos lo dicen. Triste que los jóvenes después de tener la posibilidad de transparentar la elección opten por tomar las calles e imponer la fuerza del número, que siempre es la de terquedad. Sucio si nuestros jueces evitan por mera tramitología dar certeza legal a lo que está ocurriendo en materia de derechos políticos. Desesperanzador si la sociedad mexicana olvida esta última parte del proceso y acepta la victoria de un partido haya sido como haya sido.
