Mentir para lograr una meta también es un acto de corrupción. Jaime Rodríguez, el bronco, al igual que otros políticos, utiliza los resquicios de la ley, la judicialización de un proceso, para obtener lo que quería.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, ha declarado que todo acto demostrado, un hecho comprobado, de un político puede ser utilizado por los partidos políticos para favorecer su imagen o denostarla cuando estén en campaña electoral.
En otras palabras, la autorización del TEPJF permite transmitir el spot que indica que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, llevó 200 personas como invitados especiales a su viaje al Reino Unido cargando el costo al presupuesto público, o sea todos pagamos por ese viaje. También está permitido que se transmita el spot donde se muestra que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, mandó a construir una presa en terrenos de su propiedad.
El límite, según el TEPJF, es que no se calumnie a ningún funcionario. Si se piensa en los spots autorizados para transmitirse se puede concluir que son hechos verdaderos, o sea que sucedieron. Por lo tanto, no hay descalificación, mentiras o campaña sucia en contra de estos políticos, sino la demostración de sus excesos y los niveles de corrupción que existen en los niveles de gobierno en México.
Bajo esta línea argumentativa del TEPJF se puede asegurar que los mexicanos ahora tienen argumentos suficientes, basados en información que el TEPJF considera comprobable para analizar por qué corrupto quiere votar. Uno que descaradamente se lleva a 200 personas a un viaje o por aquel que se hace una presa para que no le falte el agua o pensando que será un negocio importante cuando esta se privatice.
No faltarán más escándalos, posiblemente veamos a los políticos panistas que contrataron sexoservidoras para divertirse una noche. También a perredistas pidiendo dinero a empresarios, podría regresar el video de Carlos Ahumada, pues no es difamación, sino un hecho comprobado. También a los priistas y sus casas a nombre de sus esposas, como las de Enrique Peña Nieto o Alejandro Murat.
Total, la autoridad electoral ha avalado que estas cosas que antes eran “calumnia” o “difamación”, son hechos comprobados.
Será una campaña de “escándalo” viendo al TEPJF y el Instituto Nacional Electoral cómo define qué es un hecho y qué una calumnia. Eso sí, los electores tenemos más elementos para observar cómo se ha podrido la clase política mexicana.
Una versión de este post se publicó en la edición del mes de mayo 2015 de la revista Muejeres.
¿Oaxaca ha tenido pobres políticos que se han enriquecido con el dinero que el poder les ha permitido obtener? ¿Qué define qué es un pobre político o un político pobre?
En Japón cuando un funcionario público o un político es atrapado aprovechándose del poder para incluir negocios personales o hacer tráfico de influencias, se suicidan. Algunos argumentan que los valores de los japoneses llevan a los políticos a realizar el suicido. Agregaría que el fracaso en el proyecto de corromperse los lleva a la pena o el desencanto de no ser lo suficientemente aptos para crear una fortuna que no sea mal vista por sus vecinos de ciudad. A pesar del suicido, el político no paga a la sociedad por su acto, simplemente se va del mundo dejando los problemas a los ciudadanos. Al menos algo pasa, sea el miedo a la justicia, la pena, el fracaso, lo indigno, la cárcel, el suicidio es un acto que el político ejecuta como consecuencia de sus actos.
En México los políticos que se corrompen se vuelven ricos después de unos cuantos años en cargos de gobierno, sean burocráticos o por elección popular. Después de ser descubiertos en actos al margen de la ley y donde aprovechan el poder que ostentan, no hay sanción, cárcel, no hay suicidio, ni retiro definitivo de la política, solo un descanso para evitar el desgaste en los medios de comunicación. Después regresan en el papel de víctimas y vuelven a enriquecerse.
La familia Murat, los Ruiz Ortiz, los Carrásco Altamirano, los Cué Monteagudo y un largo etcétera son así. Aparecen, desaparecen y reaparecen en la política. No son culpables de nada porque no se ha “demostrado” judicialmente que lo sean. Lamentablemente, tampoco son culpables ante la opinión pública que, en su gran mayoría, se convierte en electores. Los oaxaqueños los vuelven a votar y ellos regresan al poder.
The New York Times publicó la lista de casas que la familia Murat tiene en Estados Unidos por medio de sus familiares y presta nombres. Alejandro Murat, director del Infonavit, que se dedica a entregar casas de interés social, ha renunciado a su cargo, la sociedad no ha salido a protestar para pedir se le investigue, simplemente el político está a la espera que esto se olvide.
Es la ciudadanía la que define qué es un pobre político, o sea, alguien que no sirve a la sociedad, pero se sirve. Y también la que define quién es un político rico, distinguiéndose de entre quienes hicieron su fortuna de forma legal y sirvieron a la sociedad.
En el caso de México y Oaxaca, ni políticos pobres, ni políticos ricos, simplemente los políticos que pueden hacer lo que quieran y cuando quieran. El problema es la ciudadanía, no los políticos.
Nota:Una versión de este post se publicó en la edición de marzo de 2015 de la revista Mujeres. En 2016, Alejandro Murat fue electo gobernador de Oaxaca. Después de 6 años de ausencia el PRI regresó a gobernar Oaxaca.
