Política

El Pacto por México, acuerdo de cooperación política entre las tres fuerzas partidistas con posibilidades reales de acceder al poder político del país, tiene costos reales para la cultura política democrática del futuro.

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El encanto que ha provocado el Pacto por México en los grupos de interés de México, medios de comunicación internacionales y líderes de otros países -como el propio Barack Obama reconociera en su última visita al país, al decir que necesitaba un pacto parecido- tiene su origen en 12 años de parálisis legislativa provocada por su principal promotor, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los 12 años de gobiernos panistas y congresos divididos -iniciados en la segunda parte de la década de los noventa- se caracterizaron por la falta de aprobación de reformas políticas y estructurales que asentaran al país en clave democrática. Esos 12 años provocaron la sobrevivencia del Partido Revolucionario Institucional como fuerza electoral con poder de decisión en el rumbo del país. Durante este tiempo, el PRI no perdió poder, se mantuvo gobernando a la mayoría de la población a nivel local y estatal. Además, aprovechó, después de las conflictivas elecciones del 2006, la lucha entre la izquierda y derecha partidista para justificar la parálisis legislativa.

Sumando el trabajo del PRI en lo electoral y su oposición en el poder legislativo a toda ley que promoviera la democracia, mas la no cooperación entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la transición cayó en una parálisis que permitió voltear al pasado. Por supuesto, el desencanto democrático necesitó un factor que condujera a los ciudadanos a escenarios del pasado: la guerra contra el narcotráfico.

En efecto, el triunfo del PRI en 2012 no solamente es consecuencia de la lucha política, sino de la búsqueda de respuestas inmediatas a los problemas de la sociedad por parte de los electores.

El Pacto por México es la respuesta que el PRI y el Gobierno de Enrique Peña Nieto dan a la inmediatez: resuelve problemas que afectan a la sociedad en general con políticas de asistencia social que generan gasto público y atiende demandas de sectores de la sociedad civil. El problema con el pacto es su costo para la democracia, pues los canales que utiliza no pertenecen a instituciones.

Es un mecanismo al margen de la ley que impulsa el cabildeo por medio de los partidos políticos y grupos de presión -y no en el poder legislativo- para lograr acuerdos que se deben de aprobar sin ser propuestos y discutidos en el ambiente parlamentario. En otras palabras, llegan con ciertos acuerdos que no se deben tocar. Los legisladores solo se dedican a alzar el dedo y discutir cuestiones procedimentales, pero las propuestas y su sentido son cabildeados en el canal al margen de la ley: El Pacto por México.

 Es cierto, es un acuerdo que se basa en propuestas de las diversas fuerzas políticas. Esos acuerdos mínimos no forzosamente son la compilación de las demandas ciudadanas, sí de los partidos políticos y grupos que tienen relación con ellos (empresarios y gremios). El Pacto funciona porque las discusiones no son públicas y los mecanismos de discusión están lejos de los medios de comunicación, sus disputas salen solo como trascendidos -rumores o chismes en la prensa que no se pueden confirmar.

 Ante esto, el principal problema del pacto por México es que solo sus participantes saben cómo se llega a acuerdos. No hay transparencia de cara a los ciudadanos. El legislativo es más transparente al tener las discusiones de forma pública o con el acceso a las transmisiones que realiza el canal de Congreso. Es importante recordar que las discusiones del modelo de sociedad que se desea, se deben dar en el poder legislativo, pues representa a la mayoría de los sectores sociales, al estar solo sirviendo como fachada del Pacto por México no cumple su función.

 Es cierto, no hay sistema político actual que no cuente con canales paralelos o en lo “oscurito” donde los partidos políticos y poderes fácticos logren acordar asuntos de interés público, pero esos canales en una democracia, por aspiración normativa, tienden a ser combatidos y eliminados como exigencia permanente de la sociedad civil. Cuando existen mecanismos no transparentes, como rutas no transparentes, se refuerzan formas autoritarias para hacer política. No se puede vigilar algo que es oscuro, que vive de los trascendidos, los rumores y de la dualidad de lo que intenta decir.

El problema de fondo con el Pacto por México es que acepta o termina demostrando que el poder legislativo en México no funciona, pero intenta resolver el problema con mecanismos del pasado, a los cuales los políticos actuales están acostumbrados, reforzando su cultura política.

En este sentido, el único partido político favorecido con el Pacto por México es el PRI. Poco a poco los resultados configuran a una clase política que logra dialogar y hacer avanzar al país, pero también indica que solo lo han hecho bajo el liderazgo de un partido que pone orden y sabe como hacerlo, el PRI.

Las formas del PRI son los métodos que le permitieron estabilidad en el gobierno de Salinas de Gortari: las reuniones en lo “oscuro” o concertacesiones. El problema actual, es que las concertacesiones se configuraron como un mecanismo ante la falta de “mecanismos democráticos” para generar estabilidad en los años de la transición que permitieran la construcción de un marco institucional transparente. Ahora, el método sirve para agraviar la transparencia que reside en las instituciones legales. El Pacto por México regresa y fortalece los mecanismos al margen de la ley, las leyes no escritas del México autoritario. La consecuencia es reforzar la cultura autoritaria y deslegitimar la cultura democrática.

El Pacto por México también invita a una lealtad que se configura como “pacto de sangre”, similar al estilo priista autoritario, la cual prefiere que las patadas sean por debajo de la mesa, antes que transparentar las diferencias de los integrantes. Cuando las diferencias se muestran, se entiende que hay conflicto, características de la democracia, pues el conflicto es resultado de las diferencias en el espacio público, cuando el conflicto es encerrado, se forma un Arcana Imperii -imperios del secretismo- que poco a poco van eliminando las diferencias por medio del ostracismo político (Un ejemplo de ello, por la forma, es la remoción de Ernesto Cordero como dirigente de la bancada de los senadores del PAN. Los motivos nunca fueron públicos, pero sí estuvieron rodeados de rumores y la presentación de una propuesta de ley que no pasó por los mecanismos del Pacto por México.)

A pesar del Pacto por México y el llamado a evitar los conflictos que lo debiliten, las prácticas corruptas y electorales del PRI se mantienen como una muestra del autoritarismo que sirve para mantener al poder y al mismo tiempo pide lealtad para que el país avance en la cultura democrática. En otras palabras, el PRI ha logrado controlar a los partidos políticos, las muestras del PAN de las reuniones para fraguar la compra de votos a favor del PRI y desde el gobierno federal por medio de las secretarías, son solo una muestra de que ante la evidencia pública se negocia en lo “oscurito”, como en 1994, y en lo público se publica un “Adéndum”. Nadie sale castigado, todo queda en un plano administrativo. Además, el mecanismo para contrarrestar el efecto mediático de estas prácticas es ofrecer información del mismo tipo, pero en otros partidos. La invitación es votar por el menos malo, el que dé respuestas inmediatas, aunque no construya democracia.

En efecto, el Pacto por México no contribuye a las prácticas democráticas, no solo por su diseño al margen de la ley, sino por que intenta sacrificar la denuncia, evitar la opinión de los políticos que la integran, para impedir que se fracture o rompa, quiere el PRI – y lo está logrando- subordinación completa.

Ahora se critica que el PAN denuncie y ponga en riesgo la estabilidad del país por poner en peligro el pacto por sus pugnas internas, pero en si no está poniendo en riesgo nada, solo contribuyendo -sin querer o queriendo, por interés electoral o no- a un debate público sobre la cultura política de México. Dicho debate es la opinión pública, expresarnos libremente y discutir los temas que nos competen a todos, no solo a los integrantes de un pacto.

En efecto, el Pacto por México solo viene a promover una cultura autoritaria, cerrada hacia la sociedad, donde se informa lo que conviene, donde la discusión de los temas públicos queda presa en manos de unos cuantos. Los grandes movimientos no quieren dialogar ni presentar sus propuestas ante los poderes formales, sino en el Pacto por México, porque han visto su eficacia para conseguir logros personales sin que sean juzgados en público, por ello hasta la “opositora” Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha pedido espacio en el pacto, en vez de presentar una contra reforma o dialogar abiertamente con el poder legislativo y los grupos de la sociedad civil que demandan un sistema educativo acorde a la democracia.

Estamos ante una definición sobre cómo puede ser la política del futuro si no se generan mecanismos transparentes. La consolidación democrática es el resultado de la instauración política, parte del proceso de transición, el pacto no construye democracia, sí consolida mecanismos autoritarios para un nuevo modelo no democrático.

 En el fondo el principal culpable del atraso de las reformas que ahora surgen es el PRI, fue el partido que no colaboró a la formación de mayorías, provocó la parálisis legislativa, porque limitar el avance de la democracia, favorecía al desencanto que lo regresaría a la Presidencia de México, bajo un pragmatismo que funciona mientras la economía funcione, pero no construye una cultura democrática, sino que la critica como la culpable de nuestros males.

Es cierto lo que dice el Pacto por México en su visión.

Nuestro largo proceso de transición democrática debe culminar. Las diferencias políticas y la legítima aspiración de acceder al ejercicio del poder mediante el voto, no deben impedir que las diversas fuerzas políticas logren acuerdos que coloquen los intereses de las personas por encima de cualquier interés partidario.

La transición debe culminar, pero no con mecanismo que ya se han tenido en el pasado. Las diferencias políticas no son un estorbo en la democracia, sino la balanza que permite la representación de la mayoría de la sociedad y evita que un poder omnímodo decida negando la diferencia. Los acuerdos en una democracia se logran después de la diferencia, la discusión y el debate público, para ello es el Congreso de la Unión y la posibilidad de que diversos grupos presentes propuestas y reformas a las leyes. Ahí es donde se debe cabildear, donde el conflicto público debe estar, ante los ojos de todos.

La construcción de la democracia implica pensar el futuro, configurarlo desde el presente, ninguna democracia puede emanar de mecanismo autoritarios, surge cuando los mecanismos autoritarios han sido eliminados, combatidos, y la cultura política de la democracia permite encausar las diferencias, sin eliminarlas.

El Pacto por México está combatiendo la transparencia y los pocos avances de esa cultura.