
En el primer año de Enrique Peña Nieto como Presidente de México, sobresalen los logros en el poder legislativo, no las políticas que el poder ejecutivo se ha propuesto para este sexenio.
El primer debate de estas elecciones es un reto para el INE como para los candidatos.
La semana fue del Bronco, el INE, el TRIFE y ese recuerdo que con corrupción se puede avanzar en este país y no pasa nada. La ley existe para violarla.
Este puede ser el proceso electoral más complejo que haya vivido un instituto electoral en México por la cantidad de cargos a elegir. No solo se eligen cargos federales sino cientos de procesos a nivel estatal y local.
El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es también la vuelta a las relaciones exteriores de la neutralidad y ser “amigos” de todos, aunque no compartamos principios democráticos ni cultura. Es el pragmatismo de buscar ganancias a costa de hacernos los ciegos ante la represión que hacen los otros, nuestros “amigos”.
Cuando Enrique Peña Nieto señaló, antes de ir a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) celebrada en Enero de 2013 en Chile, que México volvería a América Latina para recuperar un liderazgo perdido, nunca señaló para qué y por qué.
La CELAC dio muestras claras que el regreso de México era para reestablecer relaciones con Estados que no comparte el camino que los mexicanos iniciamos a finales de los ochenta: la transición a la democracia.
Países aliados del PRI durante sus setenta años de gobierno en el Siglo XX vuelven a la órbita exterior de México. Con el triunfo de Enrique Peña Nieto, recordaron que durante su larga estancia en el gobierno, el partido autoritario mantuvo relaciones con ellos, ayudó económicamente, se aprovechó de inversiones y gestionó el poder en un territorio caracterizado por los vaivenes autoritarios, mostrando que su política exterior de la “neutralidad”, siempre manteniéndose en silencio en los momentos complicados que atravesaba un país en la comunidad internacional, permitía que la región mantuviera un discurso de “oprimidos” e “imperialistas” para solapar abusos de poder.
La imagen del saludo entre el dictador de Cuba, Raúl Castro, y Enrique Peña Nieto, es la imagen que durante años vimos entre presidentes del PRI en el Siglo XX con el otrora dictador cubano, Fidel Castro.
A pesar del avance de la democracia en el último cuarto del Siglo XX en América Latina, la dictadura cubana, al igual que el PRI, sobrevivió a esos cambios como una muestra del poder de las relaciones internacionales en la región, la manutención del dogmatismo y el “sueño revolucionario” de izquierda.
Por años, el PRI ensalzó su ayuda a la revolución cubana y los mandatarios de la nación caribeña, longevos “comunistas” que se niegan a dejar el poder hasta que la muerte los separe, solo hicieron “mutis” ante la violación sistémica de derechos humanos en el país. Los mandatarios mexicanos, por su parte, nunca se atrevieron a llamar dictadores a los viejos lobos de Marx; al contrario, siempre llamaron a guardar respeto al gobierno cubano y voltearon a otro lado cuando se les cuestionó por su falta de postura ante la represión en la isla.
La foto entre Castro y Peña Nieto es el vivo retrato del autoritarismo latinoamericano y las relaciones basadas en el poder de grupos, no de pueblos.
La crítica a Occidente puede ser demoledora ante los errores que ha cometido en toda su historia. A Occidente se le puede llamar “imperialista”, “colonizador” o “asesino”. En China, la crítica es muerte, silencio, aislamiento, cárcel. Algo parecido a lo que sucede en la dictadura caribeña.
La visita de Xi Jinping, Presidente de China, es exuberante para México. Lo extraño y desconocido pinta para dar una oportunidad al gigante asiático que pone en jaque a Occidente cada que quiere, sea económicamente o militarmente. El mundo multipolar, a pesar de los países que participan activamente en el liderazgo, tiene dos líderes supremos que están separados por la compresión de la democracia y la libertad:Estados Unidos y China. No es una guerra fría, pero recuerda que las diferencias de base -origen- existen.
Con China, el gobierno de México solo comparte negocios, dinero, economía; la defensa de los Derechos Humanos por parte del PRI en política exterior no existe, solo poses que ayuden a la buena imagen del gobernante.
Los chinos, al igual que los caribeños, venezolanos, bolivarianos, nicaragüenses, saben que con el PRI se trata de negocios y cubrirse las espaldas ante lo autoritario de sus gobiernos para hacer frente a las críticas de los países y organizaciones a favor de los derechos humanos, la libertad y la democracia, siempre criticadas porque ahí la crítica es permitida.
Mientras los mexicanos, una mayoría, aspiramos a la consolidación de la democracia, los chinos y los cubanos aspiran a la transición de la democracia, la falta de avance se debe, en parte, a las relaciones exteriores que el grupo en el poder ha tejido a lo largo y ancho del mundo para tener una barrera de contención ante las críticas.
En la visita de Xi Jinping, los chinos expresaron su molestia porque el gobierno de Felipe Calderón se reunió con el Dalái Lama, líder opositor a la dictadura china, y el gobierno mexicano no se atrevió a levantar la voz para decir que como país soberano tenemos derecho a reunirnos con quien queramos. Al contrario, el gobierno mexicano se apuró a decir que iba a hacer resurgir las relaciones. ¿para qué? ¿para aprender cómo mantener la represión sin una escala nacional de protestas? ¿para violar los diversos tratados internacionales? ¿Qué aporta China a nuestros futuro democrático?
La política de relaciones exteriores mexicana en los 12 años anteriores estuvo llena de equívocos infantiles, pero al menos era clara en la defensa de una aspiración: la democracia. Así los propios gobiernos hayan tenido miles de errores y actos represivos, se atrevían a criticar los exabruptos de la región y oponerse a una guerra basada en mentiras, como la promovida por Estados Unidos contra Iraq.
Los priistas muestran su ADN con sus amigos, China y Cuba son naciones con partido único, no hay competencia electoral, las decisiones la toma una “casta” política que se hace llamar “popular”, pero que recuerda a los acuerdos al interior del PRI para dividirse el poder y no perderlo.
Las imágenes ilustran el regreso de un amigo entre los suyos, sonrientes, que estuvieron a la espera, el tiempo pasa, las arrugas surgen, pero en el fondo, son los mismos “neutrales” que respetan “soberanías”, guardan silencio ante matanzas y comparten sangre y métodos para el dolor.
Después de 12 años como oposición a la Presidencia de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresa al poder ejecutivo con una generación de políticos formada durante los últimos tres sexenios del siglo XX.
A pesar de la homogeneidad en su forma de gobernar, la cual se caracteriza por el autoritarismo y verticalidad con centros de poder (locales) que controlan y estabilizan territorios del país, el PRI ha mantenido desde la crisis del nacionalismo mexicano y la consolidación del neoliberalismo en el país – localizado en la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte a mediados de la década de los noventa- una disputa entre dos grupos que son antagónicos en la apuesta económica, pero fieles a la imagen de rulership (mandar coercionando).
Aunque el grupo neoliberal se haya impuesto en el gabinete del poder ejecutivo, el grupo derrotado al interior del PRI, los nacionalistas, recibió puestos en el poder legislativo. La repartición responde a una estrategia de disciplina partidista bidireccional. Por un parte, Peña Nieto reconoce que se necesitó de todos los priistas para ganar la elección y por el otro, los grupos del PRI reconocen que la unidad los ha regresado al poder bajo un liderazgo único. Un intercambio que solo conduce a dos opciones:la fidelidad o el ostracismo político. Además, tener al grupo nacionalista en el poder legislativo permite elaborar y defender -coyunturalmente- el discurso del “nacionalismo revolucionario” que da vida a los “principios” del PRI.
El gabinete de Enrique Peña Nieto solo busca garantizar la gobernabilidad, pero no busca promover la democracia, sí utilizarla para equipararla con llana estabilidad y, poco a poco, erosionar los espacios de pluralidad en nombre de la tranquilidad del sistema político para avanzar en temas económicos y de bienestar social, ejes rectores de la campaña de Peña Nieto: atraer inversión extranjera para crear empleos y ampliar los programas sociales con base en los excedentes petroleros -por ejemplo, que cada madre mexicana cuente con un seguro de vida.
El gabinete de Peña Nieto está conformado por una combinación entre la generación del mandatario actual, como por la parte experimentada -proveniente de los años ochenta y noventa- que respaldó la carrera política del mexiquense y la tecnocracia administrativa.
Los integrantes del gabinete se caracterizan por su apego al neoliberalismo y un gasto público excesivo que permite generar programas asistenciales, sin lograr una mejora independiente del ciudadano con escasos recursos, sí una dependencia de los programas.
Su forma de entender y hacer política es guiada por el pragmatismo que no respeta los derechos humanos, pero busca la estabilidad política. Su estancia en otros puestos de poder confirman o muestran esta forma de gobierno.
Como ejemplo, veamos tres puestos del gabinete que son representativos por su poder y el contexto político que vive México en las últimas décadas: Secretaría de Educación Pública (SEP), México tiene el sindicato más poderoso de América Latina que impide las reformas educativas; la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada de la política interna y en los tiempos del PRI para la represión y persecución de los opositores; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encargada de los programas de asistencia a los millones de mexicanos pobres y garantizar el fortalecimiento de la Sociedad Civil respetando la autonomía de las organizaciones.
Emilio Chauyffet Chemor, ex secretario de gobernación de 1995 a 1998 en el sexenio de Ernesto Zedillo –último presidente del PRI en los 70 años de gobierno ininterrumpido que tuvo este partido durante el siglo XX. Durante su estancia se mantuvo una guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas que respaldaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la “Matanza de Acteal” en el municipio de Chenalho, Chiapas, una incursión paramilitar terminó con la muerte de 45 indígenas.
A finales de la primera década del siglo XXI, familiares de víctimas de la matanza –las cuales permanecen anónimas- han demandado al expresidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos. El gobierno de Felipe Calderón intervino por medio de los canales diplomáticos para pedir inmunidad diplomática contra el último presidente priista del siglo XX.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que Zedillo debe ser condenado por delitos de lesa humanidad. Chauyffet se encargaba de la política interior.
Entre esa nueva generación de políticos que han escalado posiciones al interior del PRI después de 12 años de panismo, se encuentran Miguel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso. Secretario de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público respectivamente en este sexenio.
Osorio Chong fue gobernador del Estado de Hidalgo de 2004 a 2011. Durante su gubernatura la Procuraduría General de la República lo señaló por “presuntos vínculos” con “Los Zetas”(dedicados al tráfico de droga, extorsiones y secuestros en diversas partes de México). Al final de su mandato fue exonerado.
A pesar de este hecho y las posibles interpretaciones que se puedan dar, las cuales van desde un acuerdo político entre cúpulas hasta su inocencia, la forma de hacer política de Osorio Chong se caracteriza por las presiones y persecuciones políticas en contra de sus opositores, reflejo de la forma de gobernar del PRI durante el siglo XX y que se dirigió desde la Secretaría de Gobernación.
En el proceso electoral para elegir a su sucesor, las acusaciones de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Xochitl Gálvez – ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox (2000 a 2006)- reflejaron una elección donde el aparato del gobierno y la administración pública de Hidalgo sirvieron para obtener ventajas económicas, operar persecuciones políticas y restringir el acceso de los opositores a los medios de comunicación.
Galindo Castro en “Elecciones en Hidalgo: la expectativa del cambio” (2011) recuerda que siendo precandidata Xóchitl Gálvez exigió al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que “los medios locales le concedieran los espacios a que, por ley, tenía derecho… la presentadora del noticiero matutino de Radio y Televisión de Hidalgo, Patricia del Villar, tuvo que recibir a la candidata, pero se negó a entrevistarla, guardando silencio durante todo el tiempo que Gálvez estuvo al aire”. Las armas, los cateos a casas de campaña de la candidata fueron normales.
Luis Videgaray creció políticamente en el Estado de México (EDOMEX). Político cercano a Peña Nieto o -posiblemente- el que maneja el grupo fiel. Su trabajo se caracteriza por la limpieza de la administración pública desde que Peña Nieto fue gobernador de EDOMEX.
Su carta de presentación es su preparación y estudios realizados en Estados Unidos-específicamente en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Alejado de las disputas políticas y puestos donde las decisiones conlleven la privación de la libertad o mostrar características autoritarias, se ha dedicado a la limpieza de los endeudamientos y gastos excesivos de Peña Nieto, así como el manejo de deudas públicas elevadas en estados gobernados por el PRI, como el caso de Oaxaca y Sonora, buscando que los intereses a futuro bajen. Por supuesto, que los intereses bajen, no quiere decir que las deudas desaparezcan, su trabajo es permitir que el gobierno entrante pueda operar y no termine por generar demandas contra políticos priistas o genere rupturas al interior del PRI cuando la continuidad se da en los gobiernos locales.
Videgaray activa las políticas de gasto público que benefician al sector empresarial. No es una garantía de limpieza y sanas finanzas, sí de endeudamiento que facilita el gasto público favoreciendo al sector privado, el cual con su nula capacidad de responsabilidad social, no protesta.
En el año 2004, la deuda del EDOMEX era de 29 mil 988 millones de pesos, según datos oficiales. En 2005 Videgaray asumió como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración. En 2009 pasó a la Cámara de Diputados federal, presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su trabajo era cabildear y autorizar el presupuesto para cada estado. En 2011, cuando terminó el gobierno de Peña Nieto en EDOMEX, el endeudamiento era de 36 mil 509 millones de pesos, 10 mil millones más que al inicio de su gobierno. La política de gasto dependió de Videgaray.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2008 – 2012, el Estado de México fue el territorio del país donde más creció el número de mexicanos en pobreza extrema: 214 mil personas.
Los pragmáticos sin un perfil democrático, alejados del nacionalismo, de la izquierda y la derecha han decidido sumarse a la estabilidad que propone Peña Nieto.
La figura más destacable y pública es Rosario Robles, la cual se alejó de las filas del Partido Revolución Democrática (PRD) después de estar involucrada en el tráfico de influencias, extorsión a empresarios y favorecer con obra pública al consorcio del empresario argentino Carlos Ahumada, quien entregara a las televisoras diversos videos donde daba dinero al grupo de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Ahumada terminó en la cárcel, después de ser atrapado por el gobierno de Cuba y entregado al gobierno de la Ciudad de México, nadie habló de la persecución política que hizo la izquierda, ni cómo fue que el gobierno cubano obtuvo las declaraciones de Ahumada, el cual contó la versión del complot a los aparatos cubanos.
Después de los desaguisados en los que se encontró Robles, terminó dedicándose a los comentarios políticos en medios de comunicación nacional y participó en la conformación de SOSTEN, grupo de estrategia y mercadotecnia electoral que tenía como misión “empoderar” a la mujer, su función real fue asesorar en materia de imagen a diversos grupos del PRI en su afán de recuperar parte de la credibilidad perdida ante los nuevos actores de la sociedad civil.
Ahora en este sexenio está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se encarga de los programas sociales que atienden a los sectores vulnerables del país y reparten recursos a las organizaciones de la sociedad civil. No hay un pasado transparente en ella, pero sí un trabajo con los medios de comunicación y una red política tejida por diversos cruces.
No hay sorpresas en las figuras del gabinete, no se esperaban. Hay una repartición al interior del PRI, encabezada por el grupo de Peña Nieto; sumando a ella una entrega ecuánime a los grupos de izquierda y derecha que en medio del proceso electoral abandonaron a sus respectivos partidos políticos para apuntalar el regreso del PRI al poder ejecutivo.
El gabinete muestra dos características en común entre los funcionarios: el neoliberalismo como apuesta económica y el pragmatismo político para obtener estabilidad política.
En otras palabras, el gabinete conformado por Peña Nieto no se distingue, distancia, separa, de aquellos conformados por otros gobiernos priistas, o sea, no busca transformar la cultura política de México, ni fortalecer la cultura política a favor de la democracia. Busca un gabinete que reactive la cultura política que permitió al PRI gobernar durante mucho tiempo, a cambio de garantizar la estabilidad política a los grupos fácticos, especialmente aquellos que tienen intereses económicos y se ven amenazados con la inestabilidad que se genera en un régimen en transición.
La estabilidad política se puede garantizar con un régimen que coarte libertades, estabilice los centros de poder, no solo la autoridad, con métodos de coerción, desde la corrupción, hasta la violencia.
El PRI en la actualidad no tiene como primera opción la violencia, pero sí la posibilidad de la corrupción como una herramienta que pare las disputas entre grupos, como lo hizo en el pasado, repartiendo equitativamente el poder político, teniendo como control coercitivo -violento- el poder central que garantiza el poder ejecutivo: las fuerzas armadas y la policía -ese es el riesgo de tener una policía o gendarmería central sin contrapesos de rendición de cuentas.
En materia económica, el contrapeso de los mercados internacionales y las calificadoras internacionales pueden ser una barrera que limite el endeudamiento en este gobierno, pero ante el anuncio de voltear -otra vez- a América Latina, no se debe descartar la posibilidad de reanimar, configurar, un discurso nacionalista similar a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Para ello, no se necesita al presidente, se tiene a la bancada del PRI en el poder legislativo.
El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, ha declarado después de una semana de especulaciones, rumores, análisis, evidencias y conteo de votos por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) que la compra de sugrafios es inaceptable.
La voz del presidente de extracción panista que espera claridad legal y legitima, si es que todavía se aspira a ella, para su sucesor, se suma a las voces de actores políticos, académicos e intelectuales que piden certeza sobre el respeto a las libertades políticas de los ciudadanos mexicanos.
Calderón Hinojosa, sentado en un sube y baja desde que inicio su gobierno, cuando en las elecciones del 2006 ganara por medio punto porcentual al candidato de la izquierda partidista, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido subirse a la contienda postelectoral. Su silencio se había vuelto cómplice ante el malestar de la sociedad civil mexicana y amplios sectores políticos que han construido la democracia.
El escenario que tiene ante sí el país no permite que un presidente emanado de un proceso democrático y que durante su juventud política luchó contra el régimen autoritario, guarde silencio. Por más que Calderón sea culpable de las miles de muertes en el país o del éxito macroeconómico de México, ante la democracia tenía que ser claro. Es cierto, muchos dirán que no se debe aplaudir ante la decisión del todavía Presidente de México porque el ganador proviene del autoritarismo. Sí queda claro que aquellos que en su momento lo denostaron sin pruebas en el 2006, hoy han recibido una lección, la cual seguramente desconocerán y justificarán que es una postura pública, pero que en lo privado hará todo lo contrario, las pruebas nunca las mostrarán.
En el caso de Calderón, no se trata de un presidente que busque la continuidad de su partido, ni el contexto de opacidad que rigió durante el Siglo XX; por supuesto, tampoco se trata de una democracia avanzada, ni de un convencido demócrata, sí de una democracia imperfecta que intenta dar pasos adelante y un presidente que no tiene ya nada que ganar en escenario del país, solo no busca seguir cayendo. Pasará a la historia del país como el gobernante de las más de 60 mil muertes y que no pudo derrotar al narcotráfico, pero de ahí a ser un traidor de la democracia hay un abismo, se trata de una convicción político que configura al hombre, a pesar de sus errores.
Es cierto que la declaración del Calderón Hinojosa debe haber molestado a muchos, incluso a aquellos que piden se haga justicia por la compra de votos, pero se debe decir que no se ha quedado callado como los cánones priistas mandan. No se cuántas voces se levantarán para decir que lo dicho por Felipe Calderón es intervencionismo y preferirían que no opinara de temas que afectan la repartición del poder político. Nada más patético para defender las formalidades del autoritarismo. En una democracia la opinión importa y si las opiniones coinciden en lo mínimo, se están reconociendo en lo público a pesar de las diferencias que los hombres puedan tener.
Los posicionamientos ante la compra del voto vienen de aquellos que en diversas épocas de la historia reciente del país lucharon por la democracia. Las divergencias que han tenido por el modelo de país que quieren están en otro orden de ideas, pero tanto izquierda y derecha partidista coinciden que para lograr su visión de país se necesita a la democracia.
No puede existir un presidente o demócrata más cobarde que aquel que calla ante el atropello de la misma. La compra de voto es un atropello, difamar sobre una presunta compra de voto también lo es, pero oponerse con el silencio a la revisión de los votos y dejar pasar este hecho es solo un acto que los autoritarios practican.
No se trata de afirmar que hubo compra de votos, sino de manifestar que si hay pruebas de que existió la compra de votos los paquetes electorales se deben revisar, no hacerlo contraviene la decisión de los mexicanos de vivir en democracia. Calderón Hinojosa solo hizo lo que cualquier demócrata hubiera hecho en su lugar.