La sociedad oaxaqueña, hasta este momento, no se ha manifestado para que su voz se escuche en el conflicto de la Sección XXII del SNTE y la Reforma Educativa. Su pasividad solo abona a que el conflicto se mantenga entre una lucha de dos, gobierno – gremio, y como tema vetado para los afectados.
Dejando de lado si la Reforma Educativa en México es positiva o negativa para el país, se debe apuntar que ni el gremio magisterial y el gobierno buscaron que la ciudadanía participara en la toma de decisiones de una ley que no solo afecta al magisterio, sino el futuro de toda una sociedad.
El gobierno, ejecutivo y legislativo, no se atrevió a esperar a que la reforma política se realizara para garantizar mecanismos de democracia participativa que permitan a los ciudadanos decidir el futuro de todos. La actitud de la clase política solo buscó generar una lucha de dos, configurada -supuestamente- entre el bando que defiende el futuro y los que quieren vivir en el pasado o que no se altere la situación actual. El futuro y el cambio se pintó como algo “bueno”, pero nunca se preguntó qué consideran “bueno” los mexicanos.
Por su parte, a pesar de las diferencias, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantuvieron la misma posición ante la participación ciudadana: erigirse como sus defensores.
En una democracia, cuando hay una decisión de peso como la sucedida con la reforma educativa, la participación ciudadana no es una opción, es necesaria, ya que afecta al todo en su futuro a mediano y largo plazo. Ningún grupo se puede presentar como defensor de la ciudadanía, ni el gobierno, deben existir mecanismo para contar con el respaldo ciudadano.
A pesar de este terrible episodio -para la democracia- que terminó por generar una reforma educativa que a nadie ha dejado satisfecho, la actitud tomada por los padres de familia y la ciudadanía oaxaqueña muestra la vergonzosa cultura autoritaria que persiste en ella.
Como consecuencia de la reforma educativa, la CNTE lleva más de dos meses sin iniciar el ciclo escolar en Oaxaca. Los maestros han sido derrotados por el poder legislativo y no tiene qué hacer ante la aprobación de la reforma, pero siguen sin regresar a clases.
El gobierno no ha utilizado el uso legal de la fuerza porque no tiene la legitimidad necesaria para hacerlo, o sea, no cuenta con el respaldo ciudadano, pues esto solo se logra cuando consultas a la ciudadanía ante la resolución de un conflicto que puede generar divisiones y/o violencia.
En estos momentos el conflicto “post” reforma educativa que se vive en Oaxaca, ya no depende del gobierno o de la CNTE, pues si así fuera, un día después de la aprobación de la ley y ante la falta de canales para evitar su aplicación, debían haber regresado a clases los maestros y de no hacerlo, el gobierno aplicar la ley. Ninguno hizo nada.
En este sentido, solucionar el conflicto en Oaxaca, pasa por la participación activa de la ciudadanía para exigir a la CNTE y gobierno que resuelvan el conflicto. Lamentablemente, la ciudadanía no se ha organizado masivamente para exigir esta petición, sino simplemente ha actuado de manera desorganizada, mostrando un individualismo que ve por intereses egoístas y sin una preocupación por lo colectivo.
En efecto, a pesar de los defensores de los movimientos sociales de Oaxaca, los cuales en su gran mayoría son satélites de la Sección XXII o el gobierno, la sociedad civil oaxaqueña todavía no ha dado el gran salto para llamar a los valores democráticos que la liberen de grupos que se adueñan del discurso y la plaza pública. Ante las derrotas siempre hay oportunidades, el regreso a clases por exigencia de la ciudadanía puede ser esa oportunidad que permita demostrar que la sociedad civil es más importante que un gobierno o un grupo gremial. Solo con grandes manifestaciones para pedir el regreso a clases, magisterio y gobierno cambiarán su comportamiento.