El tema migratorio ha entrado en la campaña electoral porque Donald Trump lo puso a debate, no porque los candidatos a la presidencia de México lo tuvieran como algo prioritario.
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Después de 12 años como oposición a la Presidencia de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresa al poder ejecutivo con una generación de políticos formada durante los últimos tres sexenios del siglo XX.
A pesar de la homogeneidad en su forma de gobernar, la cual se caracteriza por el autoritarismo y verticalidad con centros de poder (locales) que controlan y estabilizan territorios del país, el PRI ha mantenido desde la crisis del nacionalismo mexicano y la consolidación del neoliberalismo en el país – localizado en la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte a mediados de la década de los noventa- una disputa entre dos grupos que son antagónicos en la apuesta económica, pero fieles a la imagen de rulership (mandar coercionando).
Aunque el grupo neoliberal se haya impuesto en el gabinete del poder ejecutivo, el grupo derrotado al interior del PRI, los nacionalistas, recibió puestos en el poder legislativo. La repartición responde a una estrategia de disciplina partidista bidireccional. Por un parte, Peña Nieto reconoce que se necesitó de todos los priistas para ganar la elección y por el otro, los grupos del PRI reconocen que la unidad los ha regresado al poder bajo un liderazgo único. Un intercambio que solo conduce a dos opciones:la fidelidad o el ostracismo político. Además, tener al grupo nacionalista en el poder legislativo permite elaborar y defender -coyunturalmente- el discurso del “nacionalismo revolucionario” que da vida a los “principios” del PRI.
El gabinete de Enrique Peña Nieto solo busca garantizar la gobernabilidad, pero no busca promover la democracia, sí utilizarla para equipararla con llana estabilidad y, poco a poco, erosionar los espacios de pluralidad en nombre de la tranquilidad del sistema político para avanzar en temas económicos y de bienestar social, ejes rectores de la campaña de Peña Nieto: atraer inversión extranjera para crear empleos y ampliar los programas sociales con base en los excedentes petroleros -por ejemplo, que cada madre mexicana cuente con un seguro de vida.
El gabinete de Peña Nieto está conformado por una combinación entre la generación del mandatario actual, como por la parte experimentada -proveniente de los años ochenta y noventa- que respaldó la carrera política del mexiquense y la tecnocracia administrativa.
Los integrantes del gabinete se caracterizan por su apego al neoliberalismo y un gasto público excesivo que permite generar programas asistenciales, sin lograr una mejora independiente del ciudadano con escasos recursos, sí una dependencia de los programas.
Su forma de entender y hacer política es guiada por el pragmatismo que no respeta los derechos humanos, pero busca la estabilidad política. Su estancia en otros puestos de poder confirman o muestran esta forma de gobierno.
Como ejemplo, veamos tres puestos del gabinete que son representativos por su poder y el contexto político que vive México en las últimas décadas: Secretaría de Educación Pública (SEP), México tiene el sindicato más poderoso de América Latina que impide las reformas educativas; la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada de la política interna y en los tiempos del PRI para la represión y persecución de los opositores; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encargada de los programas de asistencia a los millones de mexicanos pobres y garantizar el fortalecimiento de la Sociedad Civil respetando la autonomía de las organizaciones.
Emilio Chauyffet Chemor, ex secretario de gobernación de 1995 a 1998 en el sexenio de Ernesto Zedillo –último presidente del PRI en los 70 años de gobierno ininterrumpido que tuvo este partido durante el siglo XX. Durante su estancia se mantuvo una guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas que respaldaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 22 de diciembre de 1997 ocurrió la “Matanza de Acteal” en el municipio de Chenalho, Chiapas, una incursión paramilitar terminó con la muerte de 45 indígenas.
A finales de la primera década del siglo XXI, familiares de víctimas de la matanza –las cuales permanecen anónimas- han demandado al expresidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos. El gobierno de Felipe Calderón intervino por medio de los canales diplomáticos para pedir inmunidad diplomática contra el último presidente priista del siglo XX.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que Zedillo debe ser condenado por delitos de lesa humanidad. Chauyffet se encargaba de la política interior.
Entre esa nueva generación de políticos que han escalado posiciones al interior del PRI después de 12 años de panismo, se encuentran Miguel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso. Secretario de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público respectivamente en este sexenio.
Osorio Chong fue gobernador del Estado de Hidalgo de 2004 a 2011. Durante su gubernatura la Procuraduría General de la República lo señaló por “presuntos vínculos” con “Los Zetas”(dedicados al tráfico de droga, extorsiones y secuestros en diversas partes de México). Al final de su mandato fue exonerado.
A pesar de este hecho y las posibles interpretaciones que se puedan dar, las cuales van desde un acuerdo político entre cúpulas hasta su inocencia, la forma de hacer política de Osorio Chong se caracteriza por las presiones y persecuciones políticas en contra de sus opositores, reflejo de la forma de gobernar del PRI durante el siglo XX y que se dirigió desde la Secretaría de Gobernación.
En el proceso electoral para elegir a su sucesor, las acusaciones de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Xochitl Gálvez – ex comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el sexenio de Vicente Fox (2000 a 2006)- reflejaron una elección donde el aparato del gobierno y la administración pública de Hidalgo sirvieron para obtener ventajas económicas, operar persecuciones políticas y restringir el acceso de los opositores a los medios de comunicación.
Galindo Castro en “Elecciones en Hidalgo: la expectativa del cambio” (2011) recuerda que siendo precandidata Xóchitl Gálvez exigió al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que “los medios locales le concedieran los espacios a que, por ley, tenía derecho… la presentadora del noticiero matutino de Radio y Televisión de Hidalgo, Patricia del Villar, tuvo que recibir a la candidata, pero se negó a entrevistarla, guardando silencio durante todo el tiempo que Gálvez estuvo al aire”. Las armas, los cateos a casas de campaña de la candidata fueron normales.
Luis Videgaray creció políticamente en el Estado de México (EDOMEX). Político cercano a Peña Nieto o -posiblemente- el que maneja el grupo fiel. Su trabajo se caracteriza por la limpieza de la administración pública desde que Peña Nieto fue gobernador de EDOMEX.
Su carta de presentación es su preparación y estudios realizados en Estados Unidos-específicamente en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Alejado de las disputas políticas y puestos donde las decisiones conlleven la privación de la libertad o mostrar características autoritarias, se ha dedicado a la limpieza de los endeudamientos y gastos excesivos de Peña Nieto, así como el manejo de deudas públicas elevadas en estados gobernados por el PRI, como el caso de Oaxaca y Sonora, buscando que los intereses a futuro bajen. Por supuesto, que los intereses bajen, no quiere decir que las deudas desaparezcan, su trabajo es permitir que el gobierno entrante pueda operar y no termine por generar demandas contra políticos priistas o genere rupturas al interior del PRI cuando la continuidad se da en los gobiernos locales.
Videgaray activa las políticas de gasto público que benefician al sector empresarial. No es una garantía de limpieza y sanas finanzas, sí de endeudamiento que facilita el gasto público favoreciendo al sector privado, el cual con su nula capacidad de responsabilidad social, no protesta.
En el año 2004, la deuda del EDOMEX era de 29 mil 988 millones de pesos, según datos oficiales. En 2005 Videgaray asumió como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración. En 2009 pasó a la Cámara de Diputados federal, presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su trabajo era cabildear y autorizar el presupuesto para cada estado. En 2011, cuando terminó el gobierno de Peña Nieto en EDOMEX, el endeudamiento era de 36 mil 509 millones de pesos, 10 mil millones más que al inicio de su gobierno. La política de gasto dependió de Videgaray.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2008 – 2012, el Estado de México fue el territorio del país donde más creció el número de mexicanos en pobreza extrema: 214 mil personas.
Los pragmáticos sin un perfil democrático, alejados del nacionalismo, de la izquierda y la derecha han decidido sumarse a la estabilidad que propone Peña Nieto.
La figura más destacable y pública es Rosario Robles, la cual se alejó de las filas del Partido Revolución Democrática (PRD) después de estar involucrada en el tráfico de influencias, extorsión a empresarios y favorecer con obra pública al consorcio del empresario argentino Carlos Ahumada, quien entregara a las televisoras diversos videos donde daba dinero al grupo de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Ahumada terminó en la cárcel, después de ser atrapado por el gobierno de Cuba y entregado al gobierno de la Ciudad de México, nadie habló de la persecución política que hizo la izquierda, ni cómo fue que el gobierno cubano obtuvo las declaraciones de Ahumada, el cual contó la versión del complot a los aparatos cubanos.
Después de los desaguisados en los que se encontró Robles, terminó dedicándose a los comentarios políticos en medios de comunicación nacional y participó en la conformación de SOSTEN, grupo de estrategia y mercadotecnia electoral que tenía como misión “empoderar” a la mujer, su función real fue asesorar en materia de imagen a diversos grupos del PRI en su afán de recuperar parte de la credibilidad perdida ante los nuevos actores de la sociedad civil.
Ahora en este sexenio está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se encarga de los programas sociales que atienden a los sectores vulnerables del país y reparten recursos a las organizaciones de la sociedad civil. No hay un pasado transparente en ella, pero sí un trabajo con los medios de comunicación y una red política tejida por diversos cruces.
No hay sorpresas en las figuras del gabinete, no se esperaban. Hay una repartición al interior del PRI, encabezada por el grupo de Peña Nieto; sumando a ella una entrega ecuánime a los grupos de izquierda y derecha que en medio del proceso electoral abandonaron a sus respectivos partidos políticos para apuntalar el regreso del PRI al poder ejecutivo.
El gabinete muestra dos características en común entre los funcionarios: el neoliberalismo como apuesta económica y el pragmatismo político para obtener estabilidad política.
En otras palabras, el gabinete conformado por Peña Nieto no se distingue, distancia, separa, de aquellos conformados por otros gobiernos priistas, o sea, no busca transformar la cultura política de México, ni fortalecer la cultura política a favor de la democracia. Busca un gabinete que reactive la cultura política que permitió al PRI gobernar durante mucho tiempo, a cambio de garantizar la estabilidad política a los grupos fácticos, especialmente aquellos que tienen intereses económicos y se ven amenazados con la inestabilidad que se genera en un régimen en transición.
La estabilidad política se puede garantizar con un régimen que coarte libertades, estabilice los centros de poder, no solo la autoridad, con métodos de coerción, desde la corrupción, hasta la violencia.
El PRI en la actualidad no tiene como primera opción la violencia, pero sí la posibilidad de la corrupción como una herramienta que pare las disputas entre grupos, como lo hizo en el pasado, repartiendo equitativamente el poder político, teniendo como control coercitivo -violento- el poder central que garantiza el poder ejecutivo: las fuerzas armadas y la policía -ese es el riesgo de tener una policía o gendarmería central sin contrapesos de rendición de cuentas.
En materia económica, el contrapeso de los mercados internacionales y las calificadoras internacionales pueden ser una barrera que limite el endeudamiento en este gobierno, pero ante el anuncio de voltear -otra vez- a América Latina, no se debe descartar la posibilidad de reanimar, configurar, un discurso nacionalista similar a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Para ello, no se necesita al presidente, se tiene a la bancada del PRI en el poder legislativo.
