Propuestas e iniciativas para una ley de comunicación gubernamental en Oaxaca

Debatir, la necesidad que tienen los medios de comunicación / Imagen: AMEDI Capítulo Oaxaca

Actualmente en Oaxaca existen tres propuestas y/o iniciativas que afectan la actual relación entre los medios de comunicación y el gobierno estatal. El Capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), el exdiputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Saulo Chávez y; el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano, han sido los creadores de las propuestas e iniciativas que intentan crear o al menos incidir en la forma en que se gastan los recursos públicos para publicitar las acciones de gobierno, sean programas o políticas públicas.

Enseguida presento una serie de observaciones sobre las tres propuestas. En el caso de la iniciativa del Capítulo Oaxaca de la AMEDI he escrito un artículo previo en donde analizo extensamente su propuesta, la cual ha resultado ser la más completa de las tres y la única que tiene un enfoque destinado a fortalecer la democracia en Oaxaca y sobre todo a sumar la participación de la ciudadanía.

Mis observaciones sobre las tres propuestas y/o iniciativas están destinadas a señalar las fortalezas que tiene cada una de ellas en favor de la democracia y las debilidades que presenta en esta materia. Aunque las propuestas han generado un debate inusitado en la comunidad de académicos, algunos periodistas, ciudadanos interesados y sectores del poder legislativo, no todas contribuyen a favorecer el clima de la democracia. Por supuesto, sin su existencia este terreno sobre la relación entre los medios de comunicación y la publicidad gubernamental seguiría como lo mantuvo el régimen priista que duró más de 7 décadas en el Estado.

Propuesta de exdiputado priista

El 11 de diciembre de 2011, el exdiputado local Saulo Chávez Alvarado presentó un paquete de seis iniciativas al Congreso del Estado de Oaxaca (LXI Legislatura) en el cual se incluía la que llamó “Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Gobierno del Estado de Oaxaca y sus Municipios”.

Entre su exposición de motivos para presentar el paquete de iniciativas se ubica el contexto de la alternancia de partidos políticos en el estado de Oaxaca, señalando su interpretación del voto de los oaxaqueños que proyecta la necesidad de un cambio en la forma de gobernar. El objeto de la ley que propone lo resume en un párrafo:

“En lo general, la Ley que se propone tiene como objeto establecer una nueva estructura e institucionalidad del poder público en su relación con la sociedad. Busca sentar las bases para la creación de nuevas figuras y procesos que harán del poder público, un poder institucional, acotado, equilibrado, fiscalizado y con un manejo austero, responsable y democrático en materia de publicidad y comunicación institucional, para el mejor cumplimiento de sus funciones de gobierno, con nuevos mecanismos que permitan a los poderes públicos cumplir con su función de informar, publicitar y comunicar responsablemente, sin dilapidar los recursos públicos, cuya aplicación debe priorizarse en el combate a la pobreza y como detonador de procesos de crecimiento y desarrollo”.

La propuesta señala que se necesita hacer un uso eficiente de los recurso y ser austero en el gasto de publicidad. Solo hay un buen uso de los recursos públicos cuando se han canalizado las demandas de lo político, o sea, del gobierno de la sociedad con la venia de la sociedad. Por lo tanto, es necesario informar de las obras, por el hecho de ser el cumplimiento de las demandas de la sociedad, nada de malo hay en ello, lo malo surge cuando se ocupa la publicidad no para informar de la obra, sino de quién la hizo, o sea, destacar la imagen del gobernante.

En el texto de esta iniciativa se pone énfasis en señalar que no hay necesidad de incluir en la publicidad gubernamental la comparación de una administración de gobierno a otra; al contrario, la comparación es necesaria para el ciudadano porque contextualiza lo que se está informando, o sea, crea más información. Sin duda alguna, más que comparar se necesita dar a conocer la información sobre realización de obras y cuánto se ha avanzado, esto permitirá que el ciudadano y otros sectores interesados, como pueden ser los periodistas o académicos, tengan la información suficiente para comparar los trabajos. No hacerlo es negar parte de la información.

El mayor problema que tiene esta iniciativa para contribuir con el clima democrático que se planteó en las urnas y la cual justifica la presentación de la misma es que no incluye la participación del ciudadano. La iniciativa propone crear una “Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional adscrita a la Secretaría General de Gobierno”.

Primero, La Secretaría General de Gobierno pertenece al poder ejecutivo y no genera contrapeso. Es decir, el contrapeso estaría al interior del mismo organismo que se interesa reglamentar y limitar. Por otra parte, se pretende contrapesar al poder ejecutivo con el poder legislativo, pero esto solo permite que los contrapesos queden al interior de sociedad política, entendida  como todos aquellos que pueden y buscan acceder al poder (partidos políticos) o que ya son parte del poder. La comisión que se pretende crear solo incluye a todas las secretarías y entidades del poder ejecutivo, la cual rendirá cuenta ante la Comisión Permanente de Publicidad y Comunicación Institucional del H. Congreso del Estado. No hay más, el ciudadano no goza de participación directa y solo queda como un observador, cuestión que ya tenía en el régimen autoritario priista.

Al lado de la falta de participación ciudadana, limita la publicidad gubernamental solo a la promoción de un modelo de cultura política que es planteado desde el Estado, el cual entiende como gobierno, y cómo este puede entender la democracia, o sea, se basa en un precepto de democracia representativa, la cual está en crisis desde el último cuarto del siglo XX. Sin plantearse el hecho de que en la democracia el gobierno de la sociedad es reconocido como lo político, como plantea el intelectual francés Nicolas Tenzer en su libro “¿Qué es la política?”. En otras palabras, si se va a plantear un modelo de cultura política este tiene que ser cívico, participativo, o sea, desde los ciudadanos, que es donde se construye la cultura democrática. La publicidad gubernamental que se queda en el plano de generar un modelo de cultura política, sin el contrapeso de la ciudadanía, solo sirve para legitimar actuaciones de gobiernos en turno, como fue el caso del régimen autoritario priista.

La propuesta también considera que el gobierno debe informar sobre procesos electorales y consultas populares, en el caso de la primera queda sobre entendido que desde el Cofipe se ha reglamentado y que en 2007 se sumaron una serie de reglamentos operativos. Pensar que el Estado, gobierno, debe hacerlo, es fomentar la iniquidad en los procesos electorales algo superado en el país, en lo reglamentario, desde la década de los noventa. Sería un retroceso.

La iniciativa también propone darle prioridad a la CORTV, cuestión que es un craso error cuando en la actualidad la pluralidad que se ha dado por la competencia en materia de medios de comunicación hace de la Televisión del Estado, algo netamente marginal. No se debe priorizar a la CORTV sino a los destinatarios. Pensar en el público como pluralidad es precisamente aceptar que no hay una lógica “única” de lo que se ve y se oye en los medios de comunicación.

Mantengo una serie de dudas sobre el texto en materia de dar a conocer los logros del gobierno, pues considero que es necesario que el gobierno siempre informe sobre lo que va a hacer, sus logros como sus obras. Creo que el mejor ejemplo de que el gobierno está obligado a hacerlo es el caso del distribuidor vial de Cinco Señores. En este caso el gobierno no hizo todo lo posible por informar lo que pretendía hacer, provocando que fuera hasta el inicio de la obra que diversos grupos de la sociedad civil se manifestaran en contra. Si el gobierno no explica lo que hace, el ciudadano no puede emitir una posición sobre la obra pública, que es a su vez política gubernamental o pública.

Esta propuesta coincide con el resto en que la publicidad gubernamental no se debe aprovechar para beneficios personales. Cuestión en la que estoy de acuerdo y considero que es este punto el que ha provocado que existan iniciativas para cambiar la publicidad gubernamental.

La iniciativa de Saulo Chávez contiene otra serie de consideraciones que deja en materia de publicidad gubernamental todo a los diversos niveles de gobierno y poderes ejecutivo y legislativo. Lamentablemente este tipo de propuestas pueden causar anomalías en la nueva realidad política de Oaxaca que conlleva al desencanto ciudadano, pues el poder legislativo vive una nueva pluralidad que puede conducir a la parálisis en publicidad gubernamental. Por ejemplo, la legislatura debe aprobar lo que envíe la Comisión del Poder Ejecutivo, pero una cerrazón o parálisis legislativa dejaría en estado de indefensión al poder ejecutivo. Además, ya aprueba una partida presupuestal de la cual el ejecutivo destina a publicidad gubernamental. El mecanismo no es democrático, no genera contrapeso, pues ni el poder legislativo, ni el ejecutivo en México han logrado generar un modelo de contrapeso ad hoc con la democracia actual.

A pesar del problema que he mencionado, mantengo mi idea inicial que el error más grande que contiene es que no contempla la participación ciudadana y sí que todo quede entre las esferas de gobierno y sociedad política. En otras palabras, es ponerle la correa al perro y luego darle la punta de la correa al perro y decirle “salte a pasear” si generas una infracción, te castigas. Una confianza ciega, ese no es el trust democrático que ha sido estudiado por Francis Fukuyama y Alain Peyrefitte.

Altamirano y su iniciativa para el 137

El 10 de octubre de 2011 el diputado perredista Carol Antonio Altamirano se convirtió en el primer legislador en poner atención al tema de la publicidad gubernamental. Manifestó que lo hacía inspirado en los cambios políticos que se viven en Oaxaca.

Su propuesta es la más pobre de las tres, realmente pírrica, pero sirvió para despertar el interés en el tema. Su idea es reformar el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que debe quedar de la siguiente manera, según el diputado:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá identificarse institucionalmente, diferenciándose de la información; tendrá fines informativos, educativos, o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Con la finalidad de definir criterios de naturaleza pública y objetiva, a los que se ajustarán las entidades públicas en la distribuirán la contratación de la propaganda en los diversos medios de comunicación que ofrezcan sus servicios en el Estado, se establece un Consejo de Comunicación, que considerando como elemento primordial la presencia efectiva de cada medio, verificará que la contratación de publicidad sea realizada con equidad, proporcionalidad y transparencia, sin menoscabo de las disposiciones de austeridad que puedan establecerse para el ejercicio presupuestal correspondiente.

En el Consejo de Comunicación estarán incluidos representantes de los medios de comunicación, del sector gubernamental y de la sociedad, siendo estos últimos designados por el Congreso del Estado, mediante convocatoria pública.

A diferencia de la propuesta de iniciativa de Saulo Chávez, la propuesta de Altamirano sí contempla la participación de la ciudadanía de manera activa y decisoria. Lamentablemente la propuesta se queda en el plano de reformar el artículo 137 y no genera ninguna luz sobre cómo se operará el Consejo de Comunicación, o sea, no se propone ley secundaria.

La reforma al artículo 137 lamentablemente no contó con una revisión por parte del diputado o sus asesores de la teoría democrática, pues el término y concepto de propaganda no es ad hoc para la democracia, recomiendo en específico ver el libro del viejo sabio de la Ciencia Política, Giovanni Sartori, “Elementos de Teoría Política”, específicamente el capítulo sobre Opinión Pública, en el cual debate entre “propaganda” y “publicidad”. Cito la parte fundamental para mostrar por qué el término propaganda está mal usado en la propuesta del diputado Altamirano:

“Quien desea convertir a una fe política apunta en primer lugar a la socialización, y en concreto a la escuela, los libros de textos, los asignados a la transmisión del saber. A este respecto el propagandista llega bastante antes que el agente publicitario y trabaja en profundidad sobre un terreno que el otro apenas si toca ligeramente. En segundo lugar, a la propaganda política se le permite un margen de engaño inconmensurablemente mayor del permitido a la publicidad… el sistema legal castiga el fraude en el comercio mientras que no puede sino tutelar -debiendo tutelar la libertad de pensamiento y de expresión- el fraude del falso político. La diferencia es que la publicidad se dirige a un consumidor, el cual, al consumir controla (puesto que aunque puede ser engañado, se da cuenta de si aquello que ha comprado como vino es solo agua coloreada), mientras que la propaganda política puede vender colosales mentiras que ningún ciudadano normal está en condiciones de controlar… La persuasión oculta que se despliega en política tiene un alcance totalmente distinto: se refiere a la vida en su totalidad, y por lo tanto llega, o puede incluso llegar, hasta vendernos un infierno bajo los falsos ropajes de un paraíso (Sartori, 2005: 190 – 191 pp.).

Amedi y la reelección

Sobre la propuesta de la Amedi Capítulo Oaxaca solo referiré mi preocupación sobre la falta de delimitación de la reelección, si esta es finita e infinita en los Consejeros que propone para el órgano ciudadano que será de contrapeso para la sociedad política.

Por supuesto, el texto que escribí sobre la propuesta de Amedi también señala que no estoy de acuerdo con la repartición del porcentaje de tiempo destinado a los niveles de gobierno, pues parto que el municipio debe tener un porcentaje mayor que permita reivindicar a la política.

La propuesta de Amedi es la más completa, pero no está exenta de errores que deben ser saneados por otras propuestas, debe ser revisada y enriquecida.

Debate necesario

El debate sobre la publicidad gubernamental ha crecido en términos de iniciativas en el estado de Oaxaca. Lamentablemente dicho debate todavía no logra llegar a otros sectores de la sociedad oaxaqueña que pueden enriquecerlo o al menos estar al tanto de este tema.

Primero, porque el tema de la publicidad gubernamental no atañe al gobierno y los medios de comunicación como se puede suponer en un análisis superficial. Atañe a toda la ciudadanía y de manera específica a la sociedad civil, pues es en ella donde se debate lo ético y antiético de una sociedad, como bien apunta Hegel. La relación entre prensa y gobierno es fundamental para la creación de una cultura cívica, o sea, una cultura política que favorezca a la democracia.

Pensar que es solo un problema de dinero y de egos de profesionales de los medios de comunicación es un grave error. Es un problema de dinero que sólo tiene como fin liberar la cultura política que por años se han dedicado a reproducir los medios de comunicación que permita transparentar el tema de la “propaganda” política que ha creado un infierno vendiendo el paraíso.

Considero que es urgente seguir debatiendo el tema, generando información que llegue a diversos sectores de la sociedad e insistir en que falta la voz de la prensa oaxaqueña, en especial de los directivos de los medios de comunicación que no he visto que salgan de sus cubículos a dar la cara para sumarse al conflicto que es vivir la democracia, si esperan “unidad” y “homogeneidad” en este tema, están viviendo en el pasado y en total ignorancia.

Nota: La mayoría de las ideas vertidas en este texto se dieron a conocer en la participación del autor en el encuentro “Hacia una Legislación en Publicidad Oficial para Oaxaca” celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca el primero de marzo de 2012.