Este domingo que termina da paso a la última semana natural que tiene el proceso electoral de México para dar a conocer un ganador que haya cumplido con lo legal y legítimo de la democracia.
Hace 12 años, por estas fechas, Vicente Fox Quezada y los mexicanos, fueran de izquierda o derecha, festejaban una semana de haber derrocado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin que nadie cuestionara el triunfo del neopanista. El Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, salió a reconocer su triunfo y el Instituto Federal Electoral (IFE) mostraba sus fortalezas como la institución que garantizaba la incipiente democracia mexicana.
Ahora, el IFE es cuestionado por su labor ante los retos que los partidos políticos han puesto a la institución garante de la democracia. La confianza en la institución está por los suelos y llevamos doce años de ver procesos electorales donde las prácticas de la cultura política autoritaria se fortalecen o acrecientan sus tentáculos. También, cabe la interpretación que la compra del voto, como un ejemplo de las prácticas autoritarias realmente existentes, se perciban como generalidad, no focalización, por la cantidad de medios de comunicación que han existido.
Sea el motivo que sea, no hay duda que la compra del voto ha sobrevivido y pone en jaque a las instituciones de la democracia, porque como cualquier práctica de cultura autoritaria encuentra en la corrupción y necesidad su base y fortaleza para operar.
En la actualidad mexicana no se puede afirmar que la compra del voto regresó, sino que por fin superó al voto de los partidos de derecha e izquierda en una elección presidencial. Por supuesto, los priistas tienen razón al afirmar que no son los únicos que compran el voto, o sea, el resto de los integrantes del sistema de partidos contribuyeron a que -al menos- una práctica autoritaria sobreviviera.
La existencia de mencionada práctica en 12 años ha logrado minar la “incipiente” y estancada democracia mexicana. Los claroscuros son más obvios que hace 6 años.
En el 2006 las irregularidades y falta de certeza que enfrentaron las instituciones del país se debió a una alta competencia entre la izquierda y derecha que terminó en una dicotomía llena de enojos y encono porque los mexicanos lograron generalizar el uso de la opinión, pero también los medios de comunicación y los empresarios mostraron que las relaciones de incidencia eran demasiado verticales. A esos poderes fácticos la sociedad civil, no los militantes y simpatizantes de los partidos políticos, no podía hacer frente. La reforma al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) se hizo pensando en limitar el poder económico que tenían los grupos fácticos para difundir sus opiniones.
Ahora la compra del voto muestra que desde lo local sobrevivió al avance de la democracia y que durante 12 años el trabajo que se hizo para combatirla fue menor y los anuncios del combate una fachada que no afecto la estructura clientelar de los partidos políticos.
La compra del voto se ha convertido en una práctica obvia donde el rumor de las personas tiene base en los conocidos que han recibido dinero u ofertas para vender y comprar votos.
No se si la necesidad haya conducido a todas las personas que vendieron su voto a tener que llegar esta práctica, pero sí considero que muchos de ellos vendieron el voto porque no encuentran un valor real en las libertades políticas que beneficie sus vidas.
Por el momento, el sistema político, electoral y de partidos se juega su estabilidad en el respeto a legalidad entre los integrantes de la clase política, ya que la legitimidad que puede tener un gobernante se perdió entre las prácticas autoritarias generalizadas para obtener el poder. Hoy en México se debe hablar de presidente legal, no de legítimo. Escenario que ya vivimos en el 2006, donde amplios sectores de la población no reconocieron a Felipe Calderón, solo lo aceptaron porque la ley lo demandaba.
Mientras la cultura política en el país no avance, la ley se convertirá en un simple monumento de la luchas de fuerzas que no violan la ley para obtener el poder, pero que tampoco respetan los principios democráticos. De Vicente Fox Quezada a Enrique Peña Nieto se perdió la legitimidad, sólo 12 años bastaron para demostrar que la instauración política es necesaria.
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