Que el gobierno retome la rectoría de la educación es la única forma de quitar el poder a la Sección XXII de Oaxaca e intentar regresarla al Estado, o sea, a la sociedad oaxaqueña.
La desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) es el primer acierto, ¡el único!, que ha tomado el gobierno de Gabino Cué para que la rectoría de la educación regrese al Estado, con ello, por las prácticas democráticas que se han comenzado a instaurar en los últimos años, se comienza a garantizar que la sociedad civil tenga participación, en un futuro, en la toma de decisiones en materia educativa.
Durante los últimos dos gobiernos de Oaxaca, el tema educativo se ha convertido en el primer problema a resolver, no precisamente por el pésimo nivel educativo que se tiene, sino por el poder que ha llegado a tener la Sección XXII en materia política: moneda de cambio para la estabilidad del sistema político.
La Sección XXII del SNTE logró obtener este poder gracias a los acuerdos que durante la década de los noventa obtuvo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que le entregó la rectoría de la educación y a cambio obtuvo estabilidad para gobernar en medio de la lucha política a nivel federal por la democracia.
En efecto, la Sección XXII del SNTE que se ha vanagloriado de su lucha antipriista, tenía un escenario ideal para funcionar con el PRI. En un escenario de competencia y plural como el que ahora se presenta en Oaxaca, donde no solo se trata de negociar con un actor sino con varios, no logro evolucionar y contribuir a la democracia. Por supuesto, no se puede dejar de lado la influencia de los actores externos al sistema político oaxaqueño que desde lo nacional también ejercen presión, como Mexicanos Primero.
Tanto Ulises Ruiz Ortiz como Gabino Cué, habían intentado combatir a la Sección XXII desprestigiándola ante la sociedad oaxaqueña y mexicana. Ninguno de los dos lo logró. Han sido varias las encuestas que han demostrado que lo único que le molesta al oaxaqueño es que bloqueen las calles, no que haya un bajo nivel educativo.
La Sección XXII ocupó estos errores, especialmente en 2006, para ganar mayor influencia en el sistema político oaxaqueño, hasta llegar al extremo de paralizar cualquier actividad o decisión política que la afectaba.
Por su parte, el gobierno federal intentaba ganar puntos ante la opinión pública oaxaqueña por medio del envío de la Policía Federal o la Gendarmería Nacional para evitar que la Sección XXII lograra asfixiar a Oaxaca.
La parálisis legislativa en Oaxaca, por mera conveniencia de los partidos políticos, ha evitado que la reforma educativa avance.
Hasta la desaparición del IEEPO, ningún actor político generó una estrategia que quitara poder a la Sección XXII, sino que se aprovechó de las coyunturas políticas para ganar popularidad ante los oaxaqueños o provocar que la sociedad oaxaqueña generara odio hacia la Sección XXII, dividirla. Por supuesto, la Sección XXII hizo todo lo posible para favorecer el escenario.
La presencia de la Policía Federal en Oaxaca nunca iba a generar la solución del problema, sí que los grupos extremistas ganaran simpatías. Cuando la policía se convierte en el actor principal es porque la clase política ha fallado, pero también la sociedad ha carecido de las características fundamentales para resolver sus problemas en un escenario con rasgos democráticos. O sea, gana la ignorancia, el odio y la idiotez. Solo los idiotas apoyan a una policía que se dedica a violar sistemáticamente los derechos humanos y a velar por la clase gobernante y no por la ciudadanía.
La decisión de eliminar el IEEPO rompe con este juego político, genera una oportunidad para resolver el problema educativo, darle el lugar adecuado a la Sección XXII de la SNTE, como un actor político y educativo, y permitir se genere un espacio para la sociedad civil.
Por supuesto, la desaparición del IEEPO no garantiza que se genere una institución para la educación en Oaxaca, pero sí es una posibilidad. Que esta posibilidad se convierta en realidad no depende del gobierno de Oaxaca, sino de la sociedad civil oaxaqueña, que esté al pendiente del proceso y exija que cumpla su misión.
Si la sociedad civil no vigila la construcción de esta nueva institución quedará en manos de la clase política, no del Estado, y se convertirá en una institución para reprimir las voces y beneficiar a los amigos político, igual que lo hacía la Sección XXII.
Nota: Una versión de este post se publicó en la revista Mujeres en la edición de agosto 2015.
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