La normalización del estancamiento

La toma del Zócalo de la ciudad de Oaxaca ya no demuestra que existe un problema, sino la falta de solución.

Después de la aprobación a nivel federal de la Reforma Educativa, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidió seguir con una estrategia que balcanizara el problema al territorio que controla, Oaxaca.

Su estrategia, aunque arriesgada, mostró que la Sección 22 conoce el poder y fuerza real que tiene en este territorio, como el compromiso de los actores políticos y de la sociedad civil con el orden federal y la puesta de la sociedad mexicana para construir una democracia, o sea, un Estado de Derecho.

A nivel local, comprendió que no existía actor político con el poder suficiente para enfrentarla frontalmente. Ante esto, solo las alianzas entre actores del sistema político oaxaqueño funcionarían si, a su vez, lograban el respaldo federal. Ni el gobierno de Oaxaca, ni los partidos políticos de oposición, incluido el PRI que es gobierno federal, decidieron hacer una alianza. Cálculos políticos.

En los partidos de izquierda, tanto a nivel local como a nivel federal, enfrentarse con los grupos sindicales que rompieron con el régimen priista del siglo XX ha provocado división interna y su debilitamiento ante el electorado. En Oaxaca provocaría que el frente, por conveniencia electoral, que han mantenido se debilitara y quedar en manos del PAN o permitir una mayor articulación del PRI.

Por su parte, el PRI y el gobierno federal saben que intentar hacer que la reforma educativa funcione en Oaxaca como evitar que la Sección 22 tome las calles y paralice las actividades cada que quiere, tiene un costo político que tendrán que pagar y el escenario a nivel federal no le favorece después del año 2014 que ha tenido y el proceso electoral que se avecina.

La clase empresarial de Oaxaca tampoco ha mostrado ser un actor organizado que quiera enfrentar a la Sección 22 y al gobierno para pedir cambios que favorezcan la sana convivencia. Sí ha mostrado estar organizada para la queja y acusar que el cierre de negocios, como los bajos salarios, son por culpa de las protestas, pero no se atreve a señalar quién es el que debe ofrecer soluciones, el gobierno.

En conclusión, los actores políticos y económicos de Oaxaca siguen operando bajo la lógica de “normalidad” oaxaqueña heredada del PRI, las cosas no funcionan como en una democracia, ni como en un proceso de transición que avance, sino bajo el estancamiento de los conflictos por falta de soluciones. Cada actor político controla una parte del poder y no está dispuesta a ponerlo en juego, ni tiene claro que la democracia sea favorable a sus intereses. Dominan, los intereses particulares.

No se puede olvidar a la sociedad oaxaqueña, ocupada -también- en sus intereses personales por sobrevivir en un escenario que le puede molestar -entre paros, cierres de calles, plantones, tomas de oficinas y centros comerciales- pero no le impide vivir. O sea, se acostumbró a vivir en lo que considera normal y cotidiano, sin hacer nada por mejorar lo que tiene, solo la queja, esperando que otros solucionen los problemas que ha permitido, tolerado.


Nota: Una versión de este artículo se publicó en la revista mujeres del mes de enero de 2015.