La herencia del autoritarismo del siglo XX, diseñado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no solo se refleja en la manera en que gobiernan los actuales políticos -sean de cualquier partido- sino también en la forma en que operan los viejos opositores -gremios y corporativismo social- en sus demandas, insistiendo en que nada ha cambiado.

La ciudadanía hace cambiar a la clase política, sean opositores o estén en el gobierno. Los políticos cambian para sobrevivir laboralmente, pues tener un cargo público también es un trabajo, pero con un «enfoque para servir a la sociedad».

Ahora que ha terminado el clímax de una crisis más del conflicto gobierno–Sección XXII del SNTE -afiliada a la CNTE como grupo opositor al sindicato-, es válido apuntar que la formas de negociación y protesta del gremio educativo se mantiene inamovible, como si nada hubiera cambiado en el país y los ciudadanos vivieran bajo un régimen autoritario.

Es cierto que hacen falta muchos cambios políticos para afirmar que México es una democracia con adjetivos y no solo con un marco electoral que permite la competencia entre grupos políticos que mantienen prácticas violatorias en contra de la libertad de elección. También es cierto que los niveles de pobreza son excesivos; la desigualdad y la falta de distribución de la riqueza son muestras de lo que hace falta hacer, pero al lado de los pendientes, los avances -mínimos en muchos casos- señalan que la opinión pública se ha fortalecido, la pluralidad de ideas ha crecido y la sociedad mexicana está transitando en su cultura política, pues ahora no solamente reclama al gobierno, sino también a los grupos opositores, como la CNTE.

A pesar de los avances en materia de cultura política en la sociedad civil, siempre amenazada por los grupos que aspiran a mantener sus núcleos de poder o el gobierno, la incidencia en el comportamiento de los grupos políticos y forma en que resuelven problemas y toman decisiones es mínima. En la actualidad, la clase política prefiere ganarse el apoyo de la opinión pública con base en juegos de suma cero, o sea, buscando que se les apoye al 100% o provocando una dicotomía de “buenos y malos”. Los opositores o manifestantes buscan lo mismo, llaman a la pureza ideológica, a la idea de un pueblo “oprimido” que es representado por ellos, sin reconocer que es el pueblo el que se defiende y organiza en la diversidad de opiniones que se localizan en los constantes debates de la sociedad civil.

Siguiendo esta lógica de enfrentamiento, renovada por el regreso del PRI a la presidencia del país, la CNTE sigue llamando a hacer caso a su verdad, porque es una “verdad verdadera”, única. Ante esta declaración, todos los métodos son válidos para imponer su visión, pues salvará al pueblo, así se tengan que violar otras libertades, otras vidas.

En otras palabras, la CNTE sigue actuando ante las decisiones del gobierno, como si estuviera viviendo en el autoritarismo priista. Es cierto que muchas formas de actuar de la no democracia están presentes, pero al negar el cambio no está dañando a los grupos políticos, sino a los ciudadanos que por medio de la participación han logrado los cambios -si se quiere, mínimos- en nuestro país.

No olvidemos, como muestras del cambio, que los ciudadanos con su voto lograron derrocar al PRI en el 2000, pero también permitieron su regreso.

El problema ante la forma en que actúa la CNTE, al negar que la ciudadanía tiene diferencias con ellos y está en su derecho de disentir, es que que no puede pedir respaldo a sus decisiones, pues ha negado la capacidad de autonomía y actuación. La CNTE, al igual que el PRI, sigue viendo al “pueblo” como un rebaño de borregos que debe ser guiado.

A pesar de las suposiciones de la CNTE, sumidas en un discurso que no reconoce al otro, los estudios de opinión pública apuntan que el 51% de los habitantes del Distrito Federal defiende el derecho a manifestarse (Consulta Mitofsky); el 57% de los mexicanos considera que las marchas se dan porque el gobierno no resuelve las demandas (Parametría); 64% quiere la regularización de las marchas (Parametría) y; el 88% de los mexicanos -en una encuesta representativa- apoya la evaluación de los maestros (Parametría). El pueblo opina, da la razón en unos temas a la CNTE y en otros no. En conclusión, en la democracia el pueblo tiene derecho a equivocarse, aunque la CNTE, al estilo PRI, no reconozca esta capacidad y prefiera un pueblo de “feligreses”.