Hace 20 años ningún líder de izquierda en México se hubiera atrevido a pedir que el TLCAN o NAFTA se mantuviera. Sí hubiera pedido el aumento salarial, pero no lo hubiera equiparado con Estados Unidos y Canadá.
La lógica de protesta y presión de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es efectiva para influir en el poder, a diferencia de sus opositores, que intentan confrontarse con ella y evitar enfrentarse al gobierno de Oaxaca. El escenario se configura como si se tratara de culpables e inocentes que ven al gobierno como un mediador no como un cuerpo que debe hacer que se respete la ley.
A pesar del ruido que existió en los medios de comunicación por la aprobación y modificación de diversos impuestos, todavía no se puede saber cuál serán las afectaciones -o beneficios- que tendrán l@s mexican@s , especialmente aquellos que pagan impuestos. Por el momento se pueden apuntar algunas cuestiones que ya comenzaron a afectar a nivel estatal, a unos Estados más que a otros o de diversas formas, dependiendo su composición poblacional y geográfica.
En el caso de Oaxaca, una recaudación sustancial y un uso adecuado de los recursos podría cambiar la percepción negativa que se tiene del pago de impuestos, escenario que se puede repetir a nivel nacional. La Reforma Hacendaria permite recaudar más impuestos, pero todavía hace falta ver si se aplicarán de forma correcta.
Este análisis no pretende generar una lista exhaustiva de los pros y contras de la Reforma Hacendaria, toca dos puntos fundamentales que pueden afectar el ambiente y la movilidad de las personas en Oaxaca, sin generar cambios a su favor.
En la reciente Reforma Hacendaria, se plantea que los Recursos Mineros sean entregados a los tres órdenes de gobierno, favoreciendo en ganancias al nivel municipal, recibirá el 50% de los recursos recaudados por la actividad mencionada. La entidad federativa -en este caso Oaxaca- obtendrá el 30% y la federación solo el 20%.
A primera vista, la Reforma Hacendaria genera un “pro” en favor de los municipios que puedan explotar sus recursos mineros, ya que obtendrán ingresos considerables que pueden ser utilizados en para el desarrollo de su comunidad, catapultar a los habitantes a un nivel superior de vida.
La patología que puede surgir al entregar el 50% de recaudación de impuestos por los recursos mineros a los municipios es que actualmente no se cuenta con los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar la corrupción en este nivel.
Los presidente municipales al ver la oportunidad de tener más recursos, pueden promover a sus localidades con fin de atraer a los inversionistas de la industria minera, sin la necesidad de valorar las consecuencias medioambientales que acarrea el tener una mina.
En efecto, un “pro” de la reforma hacendaria que enamorará a cualquier presidente municipal que esté enterado de que en el subsuelo del territorio que gobierna hay minerales que interesan a muchas empresas, no se traduce forzosamente en beneficio para la comunidad y sí existe la posibilidad de generar mayores problemas a futuro.
Los proyectos mineros en Oaxaca han provocado en los últimos años división y asesinatos en poblados de Oaxaca, como es San José del Progreso o la Sierra Norte de Oaxaca, donde comunidades o algunos sectores de ellas que se oponen a los proyectos mineros se enfrentan casi solos a las transnacionales y, ahora, a los intereses de la clase gobernante que recibirá mayores recursos económicos. Mientras no haya mecanismos que garanticen la publicidad de las voces de las minorías, ni elementos de democracia participativa o directa que reflejen el sentir de la ciudadanía en estos territorios, las decisiones estarán en manos de los gobernantes. Unos cuantos tomarán una decisión que afectará la vida de toda una población de forma irreversible.
Estamos ante un impuesto que posibilita la aparición de un nuevo boom de minas a mediano plazo, pero 15 años después, los problemas quedan y el dinero se ha ido, como apunta Regina Ganem de Fundar.
Cultivos completamente deshechos tierras deterioradas o inservibles. Esto, una vez más, expulsa a la gente del campo a las ciudades, unos de los problemas de los que más padece México y que desenvuelve otra cantidad enorme de consecuencias. También están las afectaciones de tipo cultural, que son tanto materiales —como destrucción de centros ceremoniales y edificaciones monumentales— como inmateriales —prácticas y costumbres inherentes al espacio en donde se desarrollan—.
Con el contexto actual, se puede señalar que el escenario que se avecina es que los presidente municipales pueden ocupar este nuevo impuesto a favor de sus carreras políticas, heredando un futuro poco alentador a su población. Evitar este escenario se puede lograr si los mecanismos de democracia directa y la participación activa pueden evitar que el dinero recaudado quede en manos de la clase política.
Oaxaca es un exportador de mano de obra. El oaxaqueño de escasos recursos, comúnmente proveniente del espacio rural, tiene como una de sus pocas posibilidades para sobrevivir emigrar al norte de México o cruzar la frontera con Estados Unidos.
En la actualidad la migración de oaxaqueños hacia el norte se mantiene, pues la falta de empleos remunerados que alcancen para sobrevivir no se ha materializado en Oaxaca.
Ante esta situación, la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Reforma Hacendaria, afectará la generación de empleos en la zona norte del país, pues para las empresas es preferible reducir empleos o moverse de país, antes que perder ganancias.
Aunque los senadores por Oaxaca, Eviel Pérez Magaña del Partido Revolucionario Institucional, y Benjamín Robles Montoya, Partido de la Revolución Democrática, hayan vendido la homologación del IVA como un acto de justicia para los pueblos del sur, la realidad supera a esta postura demagógica.
La maquila es uno de los motores de la economía del país y genera en el norte, los empleos que no se han generado en el sur por la falta de capacidad de los gobiernos estatales y locales para producir las condiciones que necesitan los inversionistas.
El 17% del Producto Interno Bruto se genera desde las maquiladoras, aproximadamente 5 mil 100 fábricas. Según el INEGI, emplean, con no muy buenos salarios, a 2.3 millones de personas.
Después de la subida de impuesto, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, reportó que 140 proyectos de inversión se han detenido.
A pesar de la idea de “justicia” por parte de los senadores, sería bueno preguntarles ¿cómo van hacer para recuperar esos 140 proyectos que iban a dar empleos a cientos de mexicanos, entre ellos, los obligados migrantes oaxaqueños que buscan sobrevivir?
En efecto, lo que se vende en el discurso no siempre es respaldado por hechos. Más allá de que Pérez Magaña y Robles Montoya hayan respondido a una lógica de disciplina partidistas, dogmática, recelo, odio o idea mal entendida de “justicia”, el ciudadano tiene la posibilidad de quitarlos del gobierno.
La Reforma Hacendaria aprobada por el poder legislativo en diciembre de 2013 mantiene la incógnita de su operatividad y aplicación, ya que el cabildeo entre los grupos de interés que representan a los empresarios ha logrado que el 27 de febrero de 2014, Enrique Peña Nieto, haya tenido que generar un “Acuerdo de Certidumbre Tributaria” que promete que los impuestos no volverán a subir en el sexenio.
Por supuesto, el acuerdo favorece a los que cabildearon, los empresarios, y no de forma general a la población.
Es cierto que ante la corrupción en los diversos niveles de gobierno, existe la percepción que los impuestos que se pagan no sirven a la población y sí al despilfarro particular de los gobernantes. A pesar de ello, el pago de impuestos y su correcta aplicación contribuye a generar mejores sociedades, mientras no haya mecanismos que permitan la participación ciudadana en la aplicación del dinero recaudado por el pago de impuestos, no existirá un incentivo de origen para pagarlos.
La clase empresarial de Oaxaca no ha comprendido el proceso de transición política que se vive en el estado. Tampoco, la lógica de los partidos políticos. Han vuelto a salir derrotados en un proceso electoral local.
A inicios de año, los rumores que corrían en la prensa oaxaqueña venían de la clase empresarial. Hablaban de empresarios preocupados por lo social y de rostros “nuevos” que llegaban a oxigenar la política oaxaqueña. Al paso de los meses, los rostros de los empresarios comenzaron a desaparecer, igual de fugaces que su aparición.
Lo cierto es que un rumor en la prensa no es un hecho, o sea, no existe en la realidad del periodismo. También, es una costumbre: contratar periodistas u ofrecerles futuros si terminan gestando noticias que posicionen a una persona en determinados temas. Así lo hicieron los empresarios, por cualquiera de las vías, pero no les alcanzó para convertirse en realidad.
Con el paso de los procesos electorales, los empresarios de Oaxaca han desgastado su imagen intentando llegar al poder, aunque sea para ser candidatos. A pesar de lograr ser candidatos, las urnas les han dicho que no, o sea la ciudadanía. Véase el ejemplo de José Escobar, empresario ligado al PRI, cada proceso electoral que participa es derrotado, sea en las internas del partido o en las votaciones, en 2010 volvió a perder cuando intentaba ser diputado local. Igual es el caso de Oswaldo García Jarquín, quien se mueve entre la izquierda y derecha partidista, derrotado en 2010 por un político que no tiene ni un discurso que ofrecer y que solo lo expuso como un personaje que prefiere judicializar la política. También participaron Sergio Bello, expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, así como dueños de gasolineras.
En este proceso electoral, varios empresarios gastaron en publicidad, se subieron a las redes sociales, hicieron su Asociación Civil o la desempolvaron, compraron portadas en revistas, gestaron rumores sobre su posible triunfo al interior de los partidos políticos y estos, terminaron por elegir a los mismos de siempre. Por supuesto, no faltó quien prefirió mostrar a sus empresas como marca, aunque en política se trata primero de las acciones del individuo.
¿Por qué han fallado? Primero, porque no han distinguido entre procesos internos y elecciones. El proceso de selección en cada partido político depende de los “usos y costumbres”, leyes no escritas, relaciones entre grupos de partido que garanticen competitividad en el proceso electoral. En el caso de la elección, el candidato debe ser rentable y no se debe perder tiempo en posicionar su imagen, ni limpiarla por el desgaste del proceso interno.
En procesos electorales con un margen corto de tiempo, haber posicionado la imagen de un empresario hubiera costado al menos la mitad del tiempo de la campaña. Por supuesto, con el inconveniente de que su pasado, poco conocido ante la ciudadanía, despertara escándalos atractivos para el votante, o sea, exponer su vida privada sin un parachoques.
En el caso del proceso interno, un candidato externo, como los empresarios, tendría que trabajar en el diálogo con los grupos de los partidos políticos para no dividir el voto duro o generar campañas de “brazos caídos”: no me salgo del partido, pero tampoco colaboro en el triunfo del candidato.
En estas elecciones, los empresarios se presentaron ante la opinión pública a pocos meses de iniciar formalmente las campañas, o sea, quedaron como oportunistas. Además, no presentaron propuestas, ni planes de gobierno innovadores que lograran distinguirles de los políticos profesionales.
Para colmo, utilizaron estereotipos de propaganda política cercana a los políticos. Nada logró hacer que se distinguieran como nuevos actores políticos, sí se distinguieron por seguir la lógica de los políticos profesionales.
Veremos si en un futuro compiten como candidatos independientes, ahora que la ley lo permite y solo se está a la espera de la regulación correspondiente.
Nota: Publicado en la revista Mujeres del mes de Julio.